Los retos de la protección jurídica del embarazo y la lactancia natural

La protección jurídica del embarazo y la lactancia natural, desde el punto de vista de la prevención de la salud y la protección de la integridad física de las trabajadoras que se hallan en estas circunstancias, parte de la complejidad de la situación que se regula, lo que hace que se estén planteando constantemente nuevos retos que se añaden a los viejos problemas identificados por la doctrina y jurisprudencia laboralista.

El artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que regula esta cuestión, no puede ser entendido únicamente como una obligación preventiva más del empresario, sino que debe ser analizado como un elemento que hay que añadir a la política de igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras, por lo que ha de contar con un enfoque global y transversal. No se puede obviar que el embarazo de la trabajadora y la atención al recién nacido, en este caso por medio de la lactancia natural, ha sido y sigue siendo la causa última y principal de la discriminación laboral de la mujer en cuanto a su rol social respecto a la atención y cuidado de la familia, a pesar de los cambios importantísimos y la evolución social que se ha producido en nuestra sociedad en las últimas décadas.

Uno de los objetivos de la actual regulación preventiva legal consiste en evitar que el embarazo y la lactancia natural penalicen la permanencia de las trabajadoras en el mercado laboral, para lo cual se ha previsto la suspensión de la relación laboral, el derecho a una prestación de la Seguridad Social y la nulidad de cualquier medida empresarial que tenga que ver con estas situaciones. A su vez, es importante recalcar esta vertiente garantista de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como expresión del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación entre sexos. Sin embargo, no puede ser entendido como un derecho para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las trabajadoras o, incluso, de la familia, puesto que el citado artículo 26 de la ley tiene como finalidad únicamente la protección de la salud y la integridad física de las trabajadoras embarazadas o en situación de lactancia natural y no el conseguir la igualdad de oportunidades.

Finalmente hay que señalar que la implantación de esta materia en los convenios colectivos y los planes de igualdad de las empresas dista mucho que desear, pese al importante papel que pueden desempeñar.

 

Esta entrada ha sido elaborada por Elisa Sierra Hernáiz, profesora del Departamento de Derecho de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y autora del libro “Prevención de riesgos laborales, embarazo de la trabajadora y lactancia natural

 

Deporte y mujer (especialmente el fútbol): recorrido histórico

La irrupción de las mujeres en el deporte de competición no se produjo hasta los Juegos Olímpicos de 1900. Las seis mujeres que compitieron contrastaron con los 1.070 hombres. Aquel mismo año, Pierre Coubertin, el fundador de los Juegos Olímpicos modernos, sostenía que la presencia de las mujeres en los estadios era antiestética, de escaso interés e incorrecta. Unos años atrás, en 1894, Nettie Honeyball, una activista de los derechos de las mujeres, había fundado el primer club deportivo femenino en Inglaterra, el British Ladies Football Club.

La práctica del deporte por parte de las mujeres, y muy especialmente la del fútbol, se incrementó en la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres británicos partieron al frente de batalla y las mujeres, trabajadoras en las fábricas debido a las circunstancias bélicas, comenzaron a participar en los populares torneos de fútbol. Surgieron iniciativas como la constitución de la English Ladies Football Association, pero la práctica del fútbol femenino no llegó a encontrar cauces competitivos oficiales. Por la misma época, en España comenzaban a darse los primeros partidos, aunque carentes de todo reconocimiento social. Un partido de fútbol femenino jugado en el campo del Español de Barcelona el 31 de mayo de 1914, para recaudar fondos para la Federación Femenina contra la Tuberculosis, no convenció al cronista de “El Mundo Deportivo”, que vio “esta primera actuación de la mujer en el viril fútbol”, como de “poco aspecto sportivo”, donde “a las descendientes de la madre Eva” adoptaban posiciones “como adecuadas” e “inestéticas”, que eliminaban “la gracia femenil”.

El movimiento deportivo femenino fue cobrando formas asociativas, constituyéndose en 1917 la Federación de Sociedades Femeninas de Francia (FFSF) y en 193, la Federación Internacional Deportiva Femenina (FSFI), impulsada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Checoslovaquia y Francia. Los avances en el período de entreguerras fueron lentos pero progresivos, destacando, una vez más, los logrados en el fútbol. El Campeonato de Gran Bretaña y el Mundo organizado en 1937 contó con el partido internacional de fútbol femenino, que disputaron el Dick Kerr’s Ladies y el Edimburgh Ladies.

La consolidación de la práctica deportiva femenina llegó en la segunda mitad de los años sesenta, ayudada por el movimiento liberalizador de la mujer. En 1969, la Football Association incorporó, por primera vez, una sección de mujeres, y en 1971 la UEFA comenzó a impulsar el fútbol femenino, después de que, el año anterior, se organizase el primer Mundial de fútbol femenino en Italia, si bien este tuvo un carácter extra-oficial, sin lograr el reconocimiento de la FIFA.

La España franquista no fue una excepción. La revolución juvenil y los movimientos feministas que clamaban por el final de la dictadura impulsaron iniciativas que pretendían seguir el ejemplo de lo que ocurría tanto en Europa como en América. Prosperaron iniciativas individuales que organizaron partidos femeninos y la creación de los primeros clubes como el Sizam de Paloma de Madrid (1970) o los numerosos clubs creados en Cataluña. El 21 de febrero de 1971, se celebró el primer enfrentamiento internacional de España, en este caso, frente a Portugal. En Navarra, la iniciativa correspondió al olitense Luis Pérez Rocafort, “el Planilla”, que formó el Erriberri F.C. femenino, aglutinando a un grupo de chicas de la localidad en la temporada 1970-1971.

La oficialización internacional del fútbol femenino no llegó hasta 1982, en que se celebró el primer Campeonato Europeo para Equipos Representativos de Mujeres, organizado por la UEFA, al que se le sumó, años después, el Campeonato Femenino de la UEFA o Euro Femenino.  Los avances en el fútbol femenino en España fueron más lentos. Estos seguían produciéndose por iniciativas individuales. Es lo que volvió a ocurrir en Navarra. El guipuzcoano Iñaki Artola recaló en Pamplona por motivos laborales. Su hija jugaba en Oiartzun, y, al ver que en Navarra no existía ningún equipo de chicas, decidió poner un anuncio en la prensa local en abril de 1984 para constituir el primer equipo femenino local. El éxito fue total: de un centenar de adolescentes que se presentaron, se seleccionaron una veintena, destacando jugadoras como Paula Kasares, María Ángeles Azcona, María Arellano, Maider Arellano, Tita Pérez de Heredia, Gloria Etxarri, Tegui Razquin y Txusmi Marticorena. Hubieron de jugar en la liga guipuzcoana, pues en Navarra no había equipos para competir.

Unos años después, en 1988, Tino del Barrio creó un equipo de fútbol sala femenino. Su éxito hizo que, dos años después, este equipo quedase incorporado a la Sociedad Deportiva Lagunak de Barañáin como su sección femenina de fútbol.

Para entonces, el fútbol femenino comenzaba a consolidarse a nivel internacional, cuando en 1991 se celebró la primera Copa Mundial Femenina de Fútbol, organizada por China. La creciente popularidad del fútbol femenino hizo que el COI decidiera incluirlo, por primera vez, en los Juegos Olímpicos de Atlanta (Estados Unidos) de 1996.

En España, también se fueron consolidando las competiciones oficiales, en las que el Lagunak cosechó triunfos importantes, como los de la temporada 1997-1998, cuando, siendo equipo de Segunda División, logró ser subcampeón de la Copa de la Reina.

Desde entonces, el fútbol femenino no ha parado de crecer, pero no son pocos los retos que tiene por delante para alcanzar la igualdad respecto del masculino, y que se van logrando superar, con enormes dificultades, haciendo frente a no pocas actitudes sexistas y machistas. La discriminación alcanza, incluso, la cúspide del fútbol. La Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2015, la séptima edición del máximo torneo femenino a nivel selecciones del mundo, acabó judicializada. Un grupo de jugadoras de élite acudieron al Tribunal Canadiense de Derechos Humanos acusando a la FIFA y a la Federación Canadiense de Fútbol de prácticas discriminatorias. La sentencia concluyó que la actuación de la FIFA y de la Federación fue discriminatoria. Hay mucho camino por recorrer.

 

Esta entrada ha sido elaborada por Roldán Jimeno Aranguren, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

 

 

Herramientas contra la brecha de género en Wikipedia

“Wikipedia, descubre las claves de edición” ha sido un seminario que hemos podido disfrutar en la Universidad Pública de Navarra (los días 1 de diciembre del año pasado, 26 de enero, 23 de febrero y 16 de marzo de este 2018, de 16 a 19 horas, a lo largo de doce horas presenciales). Como sabemos, Wikipedia es un lugar de referencia para acceder a la información y al conocimiento, y para compartir y liberar el conocimiento, pero cuyas normas de funcionamiento y significado en gran medida desconocemos.

Por otra parte, resulta que la brecha de género también se da en Wikipedia, tanto por el porcentaje de mujeres editoras (en torno al 10% de personas editoras son mujeres), como el porcentaje de mujeres sobre el que se escribe (solamente el 15% de biografías en Wikipedia son sobre mujeres).

Así, este seminario se suma a un movimiento internacional para incrementar la presencia de mujeres en Wikipedia (Women in Red, Wikimujeres, Wikidonne, Viquidones), que en el País Vasco y Navarra se ha llamado WikiEmakumeok.

Sus objetivos principales son dar a conocer las claves de edición en Wikipedia; incrementar el porcentaje de mujeres editoras; visibilizar en Wikipedia a mujeres referentes creando su biografía, completándola con referencias y/o traduciéndola de/a otros idiomas; e incorporar la perspectiva de género en los contenidos.

Como dinámica de trabajo, en el País Vasco y en Navarra se han impulsado  sesiones mensuales presenciales de aprendizaje/edición (Wikikedadas) y Editatonas sobre temáticas concretas (sesiones intensivas de edición puntuales).

Cada vez son más las organizaciones colaboradoras con este proyecto desde la sociedad civil (Saregune en Vitoria-Gasteiz; Asociación de mujeres Inurtxi en Etxebarri), desde la Universidad del País Vasco (Mujeres Con Ciencia en Bizkaia; Máster de Igualdad en Gipuzkoa;  Asociación Arkeogazte en Álava) o en la Universidad Pública de Navarra.

Las Wikikedadas sirven para quitar miedos, poder preguntar dudas a personas con algo más de experiencia, aprender juntas y compartir lo que vamos descubriendo sobre Wikipedia, Wikidata, Commons, Wikiquotes y demás proyectos de la Fundación Wikimedia.

En Wikipedia, como en el aprendizaje de cualquier tecnología, necesitamos más pedagogía, propósitos compartidos y pasarlo bien con más gente mientras aprendemos. Estas pueden ser algunas claves para superar la barrera mental de la “complejidad tecnológica” que limita que muchas más personas seamos protagonistas de contar la Historia desde miradas diversas.

Para conocer más y sumarte al proyecto WikiEmakumeok, visita la página del wikiproyecto: bit.ly/wikiemakumeok

 

Esta entrada es obra de Mentxu Ramilo Araujo (politóloga) y Consuelo Allué Villanueva (profesora asociada del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Pública de Navarra)

Buen uso y abuso de la media

Un chiste dice que, si una persona come dos pollos y otra, ninguno, la estadística considerará que, de media, cada uno ha comido un pollo. Otra versión afirma que, si pusiéramos la mitad del cuerpo en un horno a 50 grados y la otra mitad, en un frigorífico a cero, estadísticamente hablando, tendríamos el cuerpo a una media de 25 grados.  Dicho así, la estadística no parece una disciplina ni muy solidaria, ni muy sensata. En este breve artículo, queremos hacer ver a quien lo lea la falacia que estos chistes esconden y mostrarle de esta manera  las cautelas con las que hay que tratar cualquier valor medio.

La media es un valor que  resume un conjunto de datos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los resultados definitivos de la encuesta de estructura salarial en España donde obtenía que el salario medio bruto anual por trabajador es de 22.790 euros. Para obtener este valor, se recopila información de los asalariados que trabajan a tiempo parcial y a tiempo completo, de los directivos y empleados, de mujeres y hombres, etc. En todos los casos, existe una notable diferencia de salarios según el colectivo escogido. Hay, por tanto, demasiada heterogeneidad en los salarios o, como se dice en estadística, variabilidad o dispersión. En consecuencia, el dato así presentado puede que dé la razón a la historieta de los pollos y muchos asalariados españoles no se sientan representados con la cifra del salario medio.

Por supuesto, la estadística dispone  de métodos para establecer la validez de los resúmenes que proporciona. Así, a la hora de interpretar una media, se acompaña de una medida de la dispersión de los datos respecto a la media. Cuando la dispersión es alta, la media es poco representativa y, por tanto, no se debería utilizar como resumen de los datos. ¿Cómo se mide la dispersión? Técnicamente, hay varias formas de hacerlo; destaca una medida llamada desviación típica. No entraremos en ella; simplemente, veremos dos situaciones extremas.  Por un lado, imaginemos que todos los  asalariados ganan lo mismo, 22.790 euros brutos anuales. Entonces, no hay dispersión; la desviación típica es cero, por lo que el valor medio da un resumen perfecto. Al contrario, imaginemos que la mitad de asalariados trabaja gratis y percibe cero euros al año, mientras que la otra mitad recibe justo el doble de 22.790 euros. La media sigue siendo la misma, pero la variabilidad es muy alta. En otras palabras, y trasladándolo al chiste, la mitad se come dos pollos y la otra mitad, ninguno.

En los dos chistes, se utilizan datos muy dispersos para calcular el valor medio, por lo que este no es válido como resumen representativo de los datos. En el caso de los salarios, también hay mucha dispersión. Basten tres datos, el salario de más de un tercio de los asalariados se aleja más de 9.000 euros del salario medio; la mitad de los asalariados, más de 6.000 euros, y el 75%, más de 3.000 euros. Para que se hagan una idea en términos más familiares de los tres datos anteriores, imagínense que, tras consultar en todas las tiendas, obtenemos que el precio medio de un producto es de 100 euros, pero el 35% de las tiendas lo tienen 40 euros más caro o más barato; que, en la mitad, la diferencia es de más de 25 euros y en el 75%, de más de 13 euros. ¿A que no daría igual comprar en una tienda que en otra?

En conclusión, un valor medio debe ir acompañado de una medida de la dispersión de los datos para poder conocer su representatividad. Cuando la dispersión es alta, una buena alternativa a la media es la mediana, que proporciona el valor por debajo del cual se encuentra la mitad de los individuos. En el caso de los salarios, la mediana es de 19.017 euros brutos anuales; es decir,  la mitad de los asalariados españoles gana menos de esa cantidad.

Esta entrada ha sido elaborada por José Antonio Moler Cuiral, profesor del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la UPNA e investigador en el Instituto de Smart Cities (ISC) de la institución académica

¿El sistema de transporte como eje vertebrador de un país o una sociedad de naciones?

El sector del transporte por carretera constituye, sin duda alguna, el eje vertebrador del desarrollo económico del país y permite materializar la cohesión social. En efecto, un sistema óptimo de transporte permite vertebrar un país (o una sociedad de naciones) y su funcionamiento, potenciando la movilidad de las personas, de empresas y de mercancías y garantizando el desarrollo del modelo productivo, la ampliación de mercados y la consolidación de las estructuras territoriales.

Las redes de transporte son el elemento esencial que garantiza la eficacia y la unidad de mercado. La red transeuropea supone un claro ejemplo de ello en el propio corazón de la Unión Europea. La importancia económica del sistema de transporte se incrementa en un contexto económico y comercial caracterizado por economías especializadas, competitivas e independientes, que requieren de un sistema comercial internacional intra y/o extraeuropeo asentado sobre un óptimo sistema de transporte.

En consecuencia, debe apoyarse (desde las instituciones autonómicas, estatales y europeas) a las empresas transportistas autóctonas, que, históricamente, se han estructurado como pequeñas y medianas empresas, de origen mayoritariamente familiar, que ofrecen un servicio al usuario del transporte y a la comunidad calificable como artesano, particularizado y seguro.

En este particular e importante sector del comercio internacional, afloran algunas de las cuestiones más controvertidas, con mayor relevancia jurídica y que presentan una incidencia directa en el efectivo ejercicio del empresario transportista y del usuario del transporte. Se trata del arrendamiento de vehículos sin conductor, los cambios continuos de titularidad de vehículos, la pérdida de honorabilidad del transportista, el menoscabo de la seguridad en el transporte de escolares por carretera, la vulneración de los principios de transparencia e igualdad de trato entre licitadores por parte de la Administración, la quiebra de la confianza legítima depositada en la entidad adjudicadora, la tarificación por el uso de la infraestructura, el Derecho de la competencia en el sector del transporte discrecional y regular de uso especial y/o general, así como el cobro de los impuestos por el Estado del lugar del establecimiento principal del transportista dedicado al transporte internacional. Todas estas cuestiones requieren ser identificadas y analizadas (desde una perspectiva pluridisciplinar).

El desarrollo del Derecho del transporte de viajeros por carretera queda hoy condicionado por el Derecho europeo del transporte y por unas instituciones europeas que muestran un deseo creciente por regular y normativizar esta nuclear actividad comercial. Si bien es cierto que, en esta primera fase, el legislador europeo se ha centrado progresivamente en la armonización conflictual, no es menos cierto que existe un nítido deseo de avanzar hacia una futura armonización material. En esencia, esto supone una reformulación del reparto competencial entre la UE y los Estados miembros para el transporte internacional o las respectivas unidades territoriales que gozan de esta competencia para el plano interno intra-comunidad autónoma.

Sin duda, merece destacarse, por un lado, el deseo intrínseco y coherente de la UE por reclamar mayores facultades en materia de transporte, tarificación por el uso de infraestructuras, transparencia e igualdad de trato entre licitadores y armonización fiscal, a pesar de la actitud de rechazo que muestran abiertamente algunos de los países de la UE en favor de articular y consolidar una política de transportes común, efectiva y definitiva.

En definitiva, este es un sector esencial, pues, tarde o temprano, cualquier actividad humana requiere de un desplazamiento. La mejora del ordenamiento jurídico aplicable a este sector determinante exige tenerlo muy en cuenta. De esta forma, nos hemos acercado al estudio de esta cuestión desde la perspectiva del Derecho internacional privado, que el ordenamiento jurídico, por su propia naturaleza, se resiste a ser congelado en un momento histórico determinado, pues este ordena relaciones de convivencia humana y debe responder a la realidad social de cada momento, como instrumento de progreso y de perfeccionamiento, lo que nos permite plantear si la sociedad es la que debe adecuarse al ordenamiento jurídico imperante, o si es este el que debe adecuarse a los nuevos tiempos de la realidad social presente.

 

Esta entrada ha sido elaborada por Unai Belintxon Martín, profesor de Derecho internacional privado de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Los impactos socioambientales del coche eléctrico: un debate necesario

El pasado 8 de noviembre, la Comisión Europea lanzó su iniciativa para fomentar “el liderazgo mundial de la UE en el ámbito de los vehículos limpios”. El desafío es doble: por un lado, lograr posicionar la industria automovilística europea a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico necesario; por otro, reducir nuestras emisiones de CO² en un 40% de aquí a 2030, que es el compromiso adoptado en el Acuerdo de París.

En este sentido, la piedra angular del nuevo paradigma de la “movilidad limpia” son los denominados “coches híbridos o eléctricos” que, poco a poco, van haciéndose con una cuota de mercado cada vez mayor. En España, por ejemplo, los coches híbridos y eléctricos suponen sólo el 0,69% del mercado, pero, en los últimos dos años, las matriculaciones se han duplicado (de 6.180 vehículos en 2016 a 13.021 en 2017). De hecho, el Gobierno ya está buscando la manera de incentivar su compra. Y no es el único. Se trata de una tendencia global, incluso en aquellos países donde su arraigo es mayor.

En esa línea, Inglaterra y Francia han anunciado recientemente su intención de prohibir la venta de automóviles diésel y gasolina a partir de 2040. Las grandes ciudades europeas como Londres, Roma, Barcelona o Madrid están implantando medidas similares para reducir la contaminación de los tubos de escape: desde zonas de acceso limitado para ciertos vehículos a motor hasta prohibiciones de estacionamiento, pasando por restricciones de velocidad.

Todos estos incentivos públicos contribuirán, sin duda, a incrementar la demanda de coches eléctricos en los próximos años. No obstante, nada de esto sería posible sin las innovaciones técnicas que han visto la luz en la última década, las cuales han posibilitado la creación de una nueva generación de baterías de litio. Sus costes de fabricación siguen siendo más elevados que el de las baterías de plomo-ácido que emplean los coches convencionales. Sin embargo, ofrecen cada vez mayor autonomía y mejores prestaciones, al tiempo que reducen significativamente la contaminación y sus efectos nocivos sobre la salud y el medioambiente.

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Es evidente que todo ello es positivo. Pero no deberíamos perder de vista que, como todo desarrollo científico-técnico, el horizonte de posibilidades que nos abre es ambivalente. Si algo nos enseñó la sociología del difunto Ulrich Beck es que la voluntad de combatir los problemas de la sociedad industrial ha terminado generando nuevas problemáticas (como el cambio climático) que cuestionan las certezas del pasado y, en consecuencia, nuestra capacidad para resolver los desafíos del presente, sumiéndonos en la incertidumbre. La diferencia con otras épocas anteriores es, como diría el sociólogo alemán, que cada vez somos más conscientes de los riesgos que entraña cada nueva innovación técnica y eso nos obliga a considerar sus consecuencias antes -y después- de que se produzcan.

Desde este punto de vista, la expansión del coche eléctrico debería plantearnos interrogantes más allá de su desarrollo tecnológico o los incentivos comerciales que requiere. Es necesario considerar también sus impactos sociales y medioambientales. Estos últimos llevan tiempo sobre la mesa, pero apenas hemos oído acerca de los primeros, y a día de hoy son pocas las reflexiones que sobre las consecuencias que va a tener la “movilidad limpia” en los mercados de materias primas.

Las baterías de litio, por ejemplo, llevan en su composición entre un 40% y un 15% de cobalto, dependiendo del modelo. Las que impulsan los coches eléctricos emplean en su fabricación unos 26 kilos de este mineral. Así pues, entre 2016 y 2018, el precio del cobalto por tonelada métrica se ha cuadruplicado, y su evolución nos muestra que los picos más altos se alcanzan a medida en que las diferentes compañías automovilísticas (Tesla, BMW, Volvo) han ido anunciando sus nuevos modelos híbridos o eléctricos. Las estimaciones más conservadoras hablan de una demanda global que se va a quintuplicar de aquí a 2030 y hay quien duda de que las reservas mundiales puedan satisfacerla.

Más allá del quebradero de cabeza que plantea el encaje entre la oferta y la demanda, no deberíamos perder de vista otro tipo de problemas. El azar geográfico ha querido que las principales reservas de cobalto (dos tercios de la producción mundial, para ser exactos) se concentren en la República Democrática del Congo (RDC). El año pasado dicho país exportó alrededor de 64.000 toneladas métricas, una cifra muy superior al segundo importador más importante, Rusia, que se quedó en 5.600 toneladas métricas. Todo indica a que el “boom” del cobalto podría convertirse en una inmensa fuente de riqueza para el país y en un potencial motor para su desarrollo.

Se trataría de una buena noticia de no ser porque el país africano es uno de los países más afectados por eso que los economistas han denominado como la “maldición de los recursos”. La correlación entre recursos naturales y alta conflictividad es evidente en la RDC, y de hecho, a la “Segunda Guerra del Congo” que asolo el país entre 1997 y 2003 se la conoce como la “Guerra del Coltán” por la importancia que desempeño dicho mineral. Aunque, como suele suceder, la correlación no implica causalidad entre ambas cosas (pues en los conflictos inciden otros factores de tipo histórico, sociopolítico o cultural), lo cierto es que estas materias primas son una importante fuente de ingresos para el crimen organizado y las partes en conflicto. En consecuencia, si bien no son la causa que desata la violencia, sí podría decirse que son el combustible que los prolonga en el tiempo. Una idea que sirve para entender no sólo las dinámicas de conflicto en la RDC, sino también las que suceden en algunas zonas de Colombia, Venezuela, República Centroafricana o Birmania, por citar algunos casos conocidos.

La Unión Europea es consciente de este problema y, por ello, aprobó el año pasado un reglamento para regular el comercio de minerales procedentes de zonas en conflicto y promover prácticas de suministro responsable entre las empresas. Desafortunadamente, es un reglamento que presenta limitaciones importantes; la principal de ellas es que cubrirá únicamente a los importadores directos de los denominados 3TG (estaño, tantalio, wolframio y oro). No afectará a las empresas que importen productos manufacturados con estos minerales y, por otra parte, estos cuatro no son los únicos minerales asociados a conflictos.

El cobalto, por ejemplo, también ha sido vinculado a casos de explotación infantil. Por lo tanto, las empresas que emplean este mineral, si bien no tienen obligación legal de cumplir con las directrices OCDE de diligencia debida, sí tienen la obligación moral de hacerlo. Como suele decirse, lo que hoy es “soft law” mañana se convertirá en “hard law” (aunque eso es un tema que daría para otro “post”).

 

Esta entrada ha sido elaborada por Guillermo Otano Jiménez, doctor en Sociología por la UPNA, que actualmente trabaja en la Fundación Alboan como responsable de incidencia de la Campaña Tecnología Libre de Conflicto. Participa también en el proyecto de investigación del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad “Mecanismos de reclamación de derechos humanos a nivel corporativo” de la Universidad de Deusto.

¿Cómo funciona un microscopio electrónico?

La microscopía se define como el conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer visibles los objetos de estudio que, por su pequeñez, no son accesibles para el ojo humano. Para ello, se usa el microscopio. El primero que se inventó fue el óptico, que contiene dos o más lentes y que permiten obtener una imagen aumentada del objeto, el cual funciona por refracción. Sin embargo, presenta la limitación de que no se  puede obtener una magnificación más allá de mil aumentos. Por eso, en el siglo XX, se inventó el microscopio electrónico, mucho más potente.

El microscopio electrónico utiliza electrones con alta energía para realizar observaciones a diferencia del  óptico, que se sirve de la luz (fotones). La energía que se maneja en estos sistemas esta representada por una unidad denominada electronvoltio (símbolo eV).

Un electronvoltio se define como una unidad de energía para el electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de un voltio. Este valor se obtiene experimentalmente y equivale aproximadamente a 1,602176462 x 10-19 Julios.

Un microscopio electrónico de barrido convencional puede alcanzar del orden de 30 KeV (1 KeV = 103 eV)

En 1924, el físico francés Luis De Broglie pudo comprobar como un haz electrónico acelerado a una determinada velocidad posee una longitud de onda determinada. Esta es la fórmula que lo representa:

[Donde h = constante de Plank; v= la velocidad, y m= masa de la partícula].

De aquí podemos deducir que, cuanto mayor sea esa velocidad de aceleración de los electrones, menor es la longitud de onda y, por lo tanto, el poder de resolución mayor.

 

A modo de comparación, el ojo humano puede ver hasta 0,1 milímetros; el microscopio óptico, hasta 0,0002 milímetros; y el electrónico de barrido, hasta más o menos 40 nanómetros. Un nanómetro equivale a 1/1.000.000 milímetros. De hecho, el microscopio electrónico, al utilizar electrones con alta energía, permite pasar de observaciones con una magnificación promedio de 2.000 aumentos a otra mayor de 300.000.

El microscopio electrónico posibilita también obtener una mayor profundidad de campo, lo que permite conseguir un efecto más real de las tres dimensiones.

En el mundo de lo más pequeño, no existe el color con la longitud de onda electrónica y, por lo tanto, las imágenes aparecen en blanco y negro.

 

Esta entrada ha sido realizada por José Javier Vesperinas Oroz, técnico del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad Pública de Navarra

 

El legado del geógrafo Leoncio Urabayen donado a la UPNA

Leoncio Urabayen Guindo (Erroz, 1888-Pamplona, 1968) está considerado como un geógrafo moderno, novedoso en la enseñanza y aprendizaje de la geografía, pionero en la realización de estudios de geografía moderna sobre Navarra. Llevó a cabo estudios de geografía humana a nivel local y comarcal, dedicando especial atención a la casa rural y a los asentamientos, además de contribuir a la mejora de la educación en Navarra, planteando un nuevo concepto de escuela y de maestro.

Tal y como escribió el también geógrafo Alfredo Floristán en su artículo “El pensamiento geográfico de Leoncio Urabayen”, Urabayen formuló una nueva doctrina según la cual la geografía de los paisajes humanizados, que así era como denominaba él a la geografía humana, debía estudiar las relaciones hombre-naturaleza y el proceso de humanización de la tierra basándose en lo que llamó precipitados geográficos, las huellas dejadas en la superficie terrestre por la acción del hombre.

Contribuyó también a la renovación de la didáctica de la geografía escolar, introduciendo como principio básico de la enseñanza la observación directa, la búsqueda de las causas, la explicación de los fenómenos, con el objetivo final de que el niño comprendiera la lucha del hombre contra el medio. Para Leoncio Urabayen, el paisaje modificado por el hombre era lo que debía ser objeto de enseñanza de la geografía.

Urabayen, que estudió en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, fue profesor de Historia en la Escuela Normal de Maestros de Burgos y de Gramática y Literatura Castellana en la Escuela Normal de Pamplona, donde desempeñó el cargo de director. Ejerció también como secretario del primer Congreso de Estudios Vascos en 1918, fue cofundador de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza y vocal de enseñanza de esta entidad de 1918 a 1923.

Estuvo implicado no solo en tareas de investigación y culturales, políticas y de gestión académica (fue concejal en el Ayuntamiento de Pamplona). Además de un apasionado por la geografía humana, fue una persona polifacética en su actividad intelectual e investigadora. Escribió sobre una gran variedad de temas, incluso llegó a publicar una novela de ficción.

Urabayen publicó trabajos relevantes en la “Revista Internacional de Estudios Vascos”, “Hermes”, “Boletín de la Real Sociedad Geográfica”, “Munibe” y en diversas revistas culturales españolas y portuguesas. Entre sus obras, cabe destacar “Oroz Betelu” (Madrid, 1916), “Geografía humana de Navarra: la vivienda” (Pamplona, 1929-1932), “La casa navarra” (Madrid, 1929), “Geografía de Navarra” (Pamplona, 1931), “Atlas geográfico de Navarra” (Pamplona, 1931) o “Biografía de Pamplona” (Pamplona, 1952).

La familia de Leoncio Urabayen ha ido donando desde 2008 a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) su archivo profesional para su custodia, conservación y difusión.

Los documentos y obras originales de Leoncio Urabayen se conservan hoy día en la Biblioteca de la UPNA por decisión de su hijo Miguel Urabayen Cascante, profesor universitario, periodista y crítico cinematográfico recientemente fallecido. “Al no existir ya la Escuela Normal donde él fue profesor, lo mejor era donar todo el material a la institución que, por decirlo así, ha heredado aquella Escuela, ahora transformada en Facultad de la Universidad Pública de Navarra. Creo que mi padre hubiera estado satisfecho de ver su obra conservada allí”, escribía Miguel Urabayen en el prólogo del libro “Leoncio Urabayen y el Pirineo Navarro”, una obra impulsada y dirigida por el investigador Jose Etxegoien Juanarena y editada en 2010 por la Asociación Irati Bortuak y el Ayuntamiento de Orotz Betelu con la colaboración de la UPNA (entre otras entidades).

El legado consta de un importante archivo fotográfico, compuesto por fotografías, negativos, placas de cristal, postales y dibujos de Pamplona, pueblos de la geografía navarra, arquitectura y casas populares, además de otros lugares de España. Contiene obras originales mecanografiadas, documentos, planos, recortes de prensa, monografías publicadas, separatas, trabajos publicados en revistas, trabajos previos, conferencias, folletos y lecciones. Se conservan bastantes trabajos originales de la obra del autor, de los que de algunos de ellos no hay constancia de su publicación y otros presentan variaciones sobre lo editado definitivamente. También resultan de especial interés sus materiales de trabajo, apuntes, ficheros y varios volúmenes facticios en los que recopila su obra. El legado incluye, además, ejemplares de las diferentes ediciones de sus obras y estudios sobre el autor.

La Biblioteca  ha elaborado un inventario de todo el material recibido y se ha llevado a cabo un estudio bibliográfico de la obra del autor y de estudios que versan sobre él. Así mismo se ha comenzado la digitalización del fondo empezando por el archivo fotográfico. En 2017, con motivo de la celebración del treinta aniversario de la Universidad, se presentó la exposición fotográfica “Casas populares de Navarra”, en la que se presentaron treinta fotografías de la obra “Casas populares de Navarra. Imágenes y comentarios”, publicada en 1950. Esta exposición fue expuesta posteriormente en el edifico El Sario y en el campus de Tudela.

 

Esta entrada ha sido realizada por Concha Guijarro Domínguez, jefa de la Sección de Servicios de la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra

 

¿Se puede predecir la ocupación de camas de una Unidad de Cuidados Intensivos?

Una UCI o Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital se caracteriza por atender los enfermos que presentan una mayor gravedad o mayor necesidad de soporte para los diferentes sistemas orgánicos afectados. Al contrario de lo que se podría pensar, los pacientes que ingresan en ellas no lo hacen “para morir”, puesto que uno de los condicionantes de su ingreso es que exista una razonable expectativa de recuperación con buena calidad de vida. A pesar de ello, la mortalidad en estas unidades es elevada. Un estudio centrado en el Complejo Hospitalario de Navarra, fruto de mi tesis doctoral leída en 2015 en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), la situó en el 19,8%.

Debido a las necesidades tecnológicas y de personal sanitario, las UCI son caras. En Navarra, se estima que el precio diario de una cama de UCI es de unos 1.455 euros, frente a los 647 euros de la estancia diaria en una planta convencional. Por otra parte, las opciones de recuperación se reducen para aquellos pacientes que precisan ingresar en una UCI, pero no lo pueden hacer al no disponerse de una cama libre para ellos.

Así, la elección del número de camas de una UCI es un problema con dos vertientes: por un lado, un número de camas elevado supone un gasto excesivo, mientras que, por otro, un número escaso podría significar un problema de atención sanitaria.

Con el fin de buscar la solución más equitativa a este problema, un modelo matemático de simulación, desarrollado en mi tesis doctoral, ha servido para predecir la ocupación de las camas de la UCI-A del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguo Hospital de Navarra), basado en los datos de ingreso y duración de la estancia de los pacientes atendidos durante nueve años, que en total ascendieron a 6.300.

A diferencia de los métodos clásicos utilizados previamente para esta finalidad, este método es capaz de contemplar la variabilidad tanto en los ingresos como en la duración de las estancias, por lo que su capacidad predictiva es superior. En la construcción de este modelo, se han resuelto problemas que aún quedaban pendientes en otros de este tipo, como el ajuste de las estancias prolongadas y, sobre todo, la incorporación de las decisiones médicas dirigidas a modificar la duración de la estancia de algunos pacientes.

Estas decisiones se manifiestan en la reducción de la estancia en la UCI de algunos enfermos cuando han alcanzado un nivel mínimo de recuperación que les permite continuar su proceso en una planta de hospitalización convencional, debido a que es necesaria su cama para otro paciente de mayor gravedad; en circunstancias de menor ocupación, el alta de estos paciente sería demorada algún tiempo.

En este sentido, el médico actúa a la vez como médico y como gestor de un recurso común que, en ocasiones, es escaso. La inclusión de este comportamiento en un modelo matemático de simulación ha sido un hecho inédito que ha permitido representar de forma correcta la ocupación de las camas de la UCI-A del Complejo Hospitalario de Navarra.

Este modelo matemático construido permite predecir cuáles van a ser las necesidades de camas o cuántos pacientes no van a poder ser ingresado por falta de cama ante múltiples supuestos. De esta forma, podemos conocer con precisión la necesidad de camas en el futuro si continua el incremento de ingresos de pacientes ancianos que se está observando en los últimos años; o las necesidades en situaciones agudas, como podría producirse tras una pandemia como lo fue la gripe A/H1N1; o las repercusiones, en la ocupación, de cambios de funcionamiento: por ejemplo, modificaciones en la programación quirúrgica de los pacientes que requieren pasar el periodo postoperatorio inicial en la UCI; creación de Unidades de Cuidados Intermedios, para aliviar la ocupación de las UCI, etc. Todos estos análisis ayudan en la búsqueda de la gestión más eficaz de las camas de UCI.

Para esta investigación, he contado con la participación de un equipo multidisciplinar formado por especialistas en Medicina Intensiva (compañeros de la UCI del antiguo Hospital de Navarra) y por expertos en Investigación Operativa, como los dos directores de mi tesis doctoral: Cristina Azcárate Camio y Fermín Mallor Giménez, profesores del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra.

 

Esta entrada ha sido realizada por Julio Barado Hualde, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Intensiva en el Servicio de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario de Navarra y doctor por la UPNA, con un tesis sobre modelos de simulación de la ocupación de las camas de una Unidad de Cuidados Intensivos

El ingreso de personas mayores en centros residenciales

El ingreso de una persona mayor en un centro residencial supone un cambio trascendental, tanto para la propia persona como para sus familiares o cuidadores, cuyas consecuencias se despliegan en muchos ámbitos (personal, económico, sanitario, etc.), y también en el jurídico.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia consagró la libertad de ingreso y permanencia en un centro residencial para todas aquellas personas que tengan reconocido un grado de dependencia, y, tras ella, numerosas leyes autonómicas de servicios sociales fueron reconociendo expresamente el derecho de todos los futuros usuarios, dependientes o no, a decidir libremente sobre su ingreso en un centro residencial, pudiendo revocar su consentimiento en cualquier momento; entre ellas, la Ley Foral 15/2006, de 14 diciembre, de Servicios Sociales de Navarra (artículo 8.1.a).

No existe, pues, una norma aplicable en todo el territorio nacional que reconozca la libertad de ingreso y permanencia en centros residenciales. El problema aparece, no obstante, cuando la persona mayor cuyo internamiento se plantea carece de la capacidad necesaria para adoptar la decisión por sí misma, frecuentemente, por el padecimiento de una enfermedad crónica y degenerativa, de tipo Alzheimer o demencia senil. En tales casos, si la persona ha sido sometida a un procedimiento de modificación de su capacidad (anteriormente conocido como “incapacitación”), el tutor necesita autorización judicial para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental (art. 271.1º CC). Si no se ha procedido a modificar la capacidad de la persona mayor pero esta no conserva sus facultades mentales, el único procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el internamiento involuntario en centros psiquiátricos. La mayoría de autores y de Audiencias Provinciales (aunque no todas) habían asimilado los centros residenciales con los centros psiquiátricos a los que se refieren dichas normas, considerando, en definitiva, que, aunque tengan distinta finalidad en ambos casos, se trata de instituciones de régimen cerrado que la persona no puede abandonar por su propia iniciativa, sea por razón de su trastorno mental, o por razón de enfermedades asociadas a la edad.

Sin embargo, se constata que se han producido, y se siguen produciendo, internamientos de personas mayores que no conservan su capacidad de decisión y que han sido acordados directamente por sus familiares o cuidadores, admitiéndose por los centros, incluso públicos, sin ningún tipo de autorización o control judicial posterior. El Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta situación, que considera frecuente y preocupante, estableciendo en sus sentencias de 29 de febrero de 2016 y 8 de julio de 2016 que el ingreso en un centro residencial para persona mayores, en cuanto constituyen centros de régimen cerrado, supone una privación del derecho fundamental a la libertad individual, reconocido en el artículo 17 de la Constitución. En consecuencia, el internamiento solo puede llevarse a cabo con el consentimiento del afectado, o, si este no conserva la capacidad mental necesaria para consentir, con autorización judicial. Las sentencias citadas han remarcado, además, que dicha autorización judicial debe recaer con carácter previo a que se produzca el ingreso, mientras la persona mayor permanece todavía en situación de libertad.

Estos claros pronunciamientos deben encontrar reflejo en la forma de actuar de los centros residenciales, tanto públicos como privados, a la hora de admitir el ingreso de nuevos residentes cuya capacidad esté mermada por el padecimiento de enfermedades que afecten a su capacidad cognitiva y volitiva. Pero, al mismo tiempo, tampoco puede conducir a actitudes autodefensivas por parte de aquellos, exigiendo autorización judicial para el internamiento de cualquier persona mayor a la que le haya sido diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo. Existe un amplio grupo de personas, enfermos crónicos, que pueden considerarse personas con discapacidad, cuya capacidad puede encontrarse mermada, pero no anulada por completo, y respecto a las cuales se ha de promover que puedan tomar la decisión del ingreso por sí mismas, facilitándoles los apoyos que sean necesarios. La correcta valoración de la capacidad, exenta de prejuicios por razón de la discapacidad, destaca como una labor clave en el momento previo al internamiento.

Por otro lado, respecto a los ingresos ya producidos sin haber sido autorizados por un juez, se ha negado tajantemente por el Tribunal Constitucional que pueda solicitarse la autorización judicial con posterioridad a que se haya producido el ingreso, pues no se trata de subsanar una mera irregularidad administrativa, sino de una verdadera situación de vulneración de un derecho fundamental, cuya regularización no es posible. Los internamientos de personas mayores que no han sido autorizados judicialmente, por tanto, son ilícitos y dicha ilicitud puede tener consecuencias en distintos órdenes, como el sancionador, y, señaladamente, en el de la responsabilidad civil o patrimonial de las residencias privadas o públicas, respectivamente, por haber vulnerado el derecho fundamental del residente a su libertad individual (artículo 17 de la Constitución Española).

 

Esta entrada ha sido elaborada por Leyre Elizari Urtasun, profesora del Departamento de Derecho de la UPNA. Forma parte de la divulgación del proyecto de investigación “Discapacidad, enfermedad crónica y accesibilidad de los derechos”, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad